Empezamos mal y ni siquiera han esperado a formar el gobierno. En el marco del XV Congreso de Escuelas Católicas, la Ministra en funciones Isabel Celaá ha anunciado que se aprobará una nueva Ley de Educación que ya está presentada ante el Congreso de los Diputados. Por si alguien tenía alguna duda del tratamiento que en ella se va a dar a la escuela concertada y la religión, la Ministra ha manifestado que el derecho de los padres a elegir centro no emana del derecho a la educación y la libertad de enseñanza establecidos en el art. 27 de la Constitución.

Ha basado su afirmación en una interpretación torticera de la Constitución, de una Sentencia del Tribunal Constitucional del año 1981 y, además, ha omitido numerosa jurisprudencia tanto del TC como del Tribunal Supremo que avalan precisamente lo contrario de lo que ha dicho.

La situación política que nos han dejado las recientes elecciones augura una difícil gobernanza del país y, en lo que a educación se refiere, una clara intención de recortar drásticamente la libertad de enseñanza, la libertad de educación y el derecho de los padres a elegir centro educativo para sus hijos distinto de los de titularidad pública. En definitiva, un recorte al número de aulas y centros concertados, una nueva disminución del tratamiento de la asignatura de Religión dentro del horario curricular, más dificultades en la financiación de los centros y de los salarios y condiciones laborales de sus trabajadores y una expansión de plazas públicas en el tramo 0-3 que hará desaparecer centenares de empresas y puestos de trabajo en una estrategia de asfixia a la escolarización en centros concertados y privados.

No es una sorpresa. Situar al estado por encima de los derechos de los padres o monopolizar la educación en busca del pensamiento único son señas de identidad de algunas ideologías. No es sorpresa, llevan meses anunciando sus intenciones ahora incrementadas y más duras por la necesidad de contentar a sus nuevos amigos en el gobierno.

FSIE defenderá siempre las necesarias mejoras de los conciertos educativos, las mejoras por y para los profesionales docentes y no docentes, una mayor financiación que garantice la gratuidad de la enseñanza a coste real del puesto escolar y, como siempre hemos hecho desde hace más de 40 años, defenderemos la libertad de enseñanza en sus múltiples facetas.

Este discurso radical que atenta contra libertades y derechos constitucionales considerando subsidiaria a la enseñanza concertada no es el camino. El pacto educativo no tiene la más mínima posibilidad de ser una realidad con partidos que defienden posiciones como la que ha presentado la Ministra en funciones.

No habrá tranquilidad ni estabilidad si el próximo gobierno pretende imponer estas líneas de actuación y habrá que rechazar contundentemente estos ataques si se hacen realidad.